La confrontación entre el gobernador Samuel García Sepúlveda y el Congreso de Nuevo León sumó un nuevo capítulo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el reclamo del mandatario contra seis decretos aprobados por los legisladores locales.

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal era infundada y respaldó la validez de los decretos relacionados con las leyes Orgánica del Poder Legislativo, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Hacienda, de Patrimonio Cultural, de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y de Movilidad Sostenible y Accesibilidad.

El fallo representa un nuevo revés para Samuel García en sus diferencias con el Poder Legislativo, luego de que los ministros concluyeran que los vetos y observaciones del gobernador fueron presentados fuera del plazo legal.

La resolución también validó el procedimiento utilizado por el Congreso de Nuevo León para superar las objeciones del Ejecutivo. La SCJN señaló que, de las 37 diputaciones presentes, 25 votaron en contra del reclamo, por lo que se alcanzó la mayoría calificada establecida en la Constitución estatal.

Uno de los puntos centrales de la controversia fue la creación de una Comisión de Estudio Previo, contemplada en las reformas al artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Samuel García sostuvo que dicha comisión podía afectar las facultades de veto del Ejecutivo. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que el Congreso está facultado para establecer mecanismos de revisión de los escritos y vetos.

“El veto no puede erigirse en un instrumento para subordinar al Poder Legislativo a los intereses del Ejecutivo”, establece la sentencia.